Juana, la mujer de Maracena (Granada) que fue obligada por la judicatura española a entregar sus dos hijos de 3 y 11 años a su padre, escapó de su casa el pasado martes y se encuentra desde entonces en paradero desconocido junto a los dos menores para evitar que el padre, condenado a 3 meses de cárcel y un año de alejamiento de Juana por violencia de género en 2009, y denunciado de nuevo por malos tratos en 2016, se los lleve a Italia.
La historia de Juana es una historia de violencia machista.
Primero, en el contexto de la relación sentimental con su maltratador, sembrada de violencias físicas, psícológicas y sociales. Posteriormente, en la violencia institucional de la justicia, atravesada de rémoras patriarcales: las que mantienen en tierra de nadie desde hace medio año la denuncia por violencia de género interpuesta por Juana a su llegada a España, pero que al mismo tiempo agiliza a favor del maltratador la reclamación para que los hijos le sean reintegrados; la misma que no tiene en cuenta la legislación más reciente que considera a lxs menores como potenciales víctimas en casos de violencia de género o desoye la recomendación del pacto de Estado contra la violencia machista para otorgar protección a las víctimas incursas en sustracción internacional de menores, cuyo origen sea la violencia de género.
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